Por Graciela Vizcay Gómez (*), especial para NOVA
"¿Es posible esto en un país republicano? ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no puedan tomar parte en las elecciones?”, se preguntaba Manuel Dorrego.
Así es el actual debate para todo, CABA se ha convertido en el culo del país. Es una obviedad que la oposición macrista está “Juntos por Algo”, tal la definición que les dio el periodista Horacio Verbistky. Así lo creo yo, como Dorrego, opositora de la aristocracia porteña, unitaria, obesa de idiotez y desnutrida mentalmente.
Ahora se reflejó claramente eso ante el intento de Diputados de tratar el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal, Y es por algo que responden a las empresas de alimentos que forman precio, y que esas mismas empresas son las que les sostienen las campañas a Juntos por el Cambio.
"Las cinco empresas productoras de alimentos más importantes le pagan la campaña a Juntos por el Cambio" y por eso los dirigentes de ese espacio hicieron un "lobby feroz", junto con sus aportantes, denunció el diputado Leonardo Grosso, durante una entrevista por FM La Patriada.
El etiquetado frontal en los alimentos busca concientizar a la población sobre los componentes nutricionales de la comida envasada, a partir de etiquetas octogonales negras que dirán "Alto en grasas", "Alto en sodio", "Alto en azúcares", entre otros indicativos al frente de los paquetes, latas y botellas.
Quienes se oponen al proyecto son el Centro de la Industria Lechera (CIL), cuya queja es que “el 70 por ciento de los quesos lleve sellos por exceso de sodio y exceso de grasas saturadas (…) hará que en el Mercosur los productos lácteos argentinos estén en inferioridad de condiciones respecto de los de otros países y que un mismo producto lácteo en Argentina lleve dos sellos y en Brasil ninguno”.
Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), su representante Daniel Funes de Rioja, opina que el proyecto “tal como está planteado, atenta contra el desarrollo y productividad del sector”.
La Cámara Azucarera Argentina, que agrupa a empresas que se verían perjudicadas por la mayor información nutricional en manos de consumidores, manifestó que "el etiquetado frontal tiene que ser de carácter informativo y no restrictivo".
Desde Amcham, la cámara de empresas estadounidenses en la Argentina, en un comunicado hizo saber que la ley “demoniza una serie de alimentos, que contienen nutrientes críticos, como el azúcar, y que forman parte del tejido productivo de numerosas provincias”, una entidad que defiende a las multinacionales afiliadas como Coca-Cola y Pepsi, entre otras.
De acuerdo con la última Encuesta de Factores de Riesgo del Indec (2018), en la Argentina el 61,6 por ciento de las personas tienen exceso de peso (36,2 por ciento tienen sobrepeso y 25,4 por ciento, obesidad).
Hay un “crecimiento del 75 por ciento de factores de riesgo, principalmente de obesidad y sobrepeso” y “más de 27 millones de argentinos tienen exceso de peso”. Pero no por comer bien, sino mal: mucho pan y mate, fideos y papas para llenar a los niños, porque la carne, frutas y verduras son un lujo para muchos. Por el contrario, el que puede elegir se desayuna con coca cola y un alfajor de chocolate, lo que veo a diario en los jóvenes en el transporte público de CABA.
Soy una férrea defensora de tener una Ley de Etiquetado, durante años exigimos el derecho de saber qué comemos, pero hoy tal vez el tema a debatir no sea importante para el resto del país que “no tiene que comer” como el porteño aburguesado, que todavía puede elegir. Considero que el “control de los precios de los alimentos” es el tema urgente a debatir, porque no existe control de nada. Vas al supermercado COTO y todos los días aumenta los precios, y asimismo el supermercado DÍA cuyo lema es “si pagas más es porque querés”, hoy se ha convertido en el súper de productos marca pirulo más caro del barrio. Responde perfectamente a “si comes mierda es porque querés” pero no conozco una sola clausura de estos abusadores.
¡Sí, quiero clausuras! Porque se llenan de plata a costa del hambre de los miles de pobres cuyas cifras alarmantes crecen por minuto. Engañando al consumidor distraído que busca en la góndola “los precios cuidados” que no existen o los suplantan por otros más caros y al llegar a la caja pagas más porque “fue un error de los repositores” aunque es la avivada de siempre, y los reclamos nunca son resueltos.
Tenemos una Ley de Defensa al Consumidor que no se respeta, que no se conoce y que no funciona en las comunas barriales de CABA, de donde deben ser eliminados por incompetencia. En el interior tampoco funcionan a cargo de las Defensorías del Pueblo. Debería haber un sistema directo de respuesta y campañas de concientización y es el Estado el que debe dar respuestas. Y si no hay cuórum que sea por Decreto, pero urgente.
(*) Abogada (UBA) y Escribana (UCA), titular del Estudio Jurídico VizcayGomez&Asoc. de CABA. Activista ambiental especialista en agrotóxicos.
