Martes 7 de febrero de 2012
Por Dra Graciela Gomez
La frase pertenece a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sin embargo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (ONU) denunció el incumplimiento de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.
Para las Naciones Unidas las conclusiones son determinantes. Según se informa en lo que respecta a territorios indígenas, en Argentina se registra la violación de la Constitución, artículo 75 y del Convenio 169 de la OIT. A su vez el informe establece que no se aplica plenamente la Ley Nacional 26.160 que suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios, y asegura además que existen demoras en la entrega de títulos a las comunidades. “El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial” dice.
Con respecto a la explotación de litio en Salinas Grandes, en Salta y Jujuy, el informe refiere al reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas en los pueblos indígenas, hábitat de sus ancestros.
Otro de los temas se vincula al crecimiento del empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas que han afectado negativamente. En este caso lo que está en juego es el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible. El informe también critica “el aumento de los desmontes que ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios” y recomendó al Estado que “asegure la puesta en práctica de la Ley que Bosques”.
El 2 de diciembre de 2011 se presentaron en Ginebra las recomendaciones ante la ONU. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”.
En nuestra querida Argentina
“La memoria y la libertad deben ser ejercicios cotidianos de todos para evitar un nuevo holocausto y violaciones a los derechos humanos” expresó en un discurso la presidenta,
pero no aclaró si para todos o para algunos.
En el año 2010, la comunidad formoseña de Potae Napocna Navogoh (La Primavera), realizó un corte en la ruta 86 con el fin de reclamar no ser desalojados de sus tierras. Un operativo policial, luego de una violenta represión para dispersar a los manifestantes, tuvo el saldo de dos muertos: Roberto López miembro de la comunidad y un policía: Heber Falcón. Al día siguiente, el aborigen pilagá Mario López, murió atropellado por un auto en la localidad formoseña de Estanislao del Campo.
La comunidad Potae Napocna Navogoh denunció que se trató de un homicidio cometido por un policía que investigaba a los manifestantes aborígenes en medio de una tarea de inteligencia.
El 23 de diciembre integrantes de la misma comunidad y su representante Félix Díaz inician un acampe en la plazoleta Cervantes de Capital Federal, en reclamo por los hechos descriptos y la restitución de 1.300 hectáreas de tierra que les fueron adjudicadas, y al mismo tiempo expropiadas por el gobernador Gildo Insfrán.
Claudio Morgado, por entonces Presidente del INADI, fue hasta el campamento para que los huelguistas concurriesen el día 27 a las 10 de la mañana a la Casa Rosada para reunirse con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. La Navidad la pasaron en la plazoleta en huelga de hambre y el 27 de diciembre Félix Díaz y sus compañeros concurren a la Casa Rosada pero les niegan el ingreso.
Más tarde Morgado se comunicó con Félix Díaz y le informó que la reunión no sería en la Rosada, sino en la sede del INADI, que no estaría Randazzo, porque alegó estar muy ocupado. En su lugar estaría el Secretario del Interior, Mario Barbosa Moreira. En respuesta a este cambio, los manifestantes volvieron al acampe y a la huelga de hambre.
La huelga se levantó el 30 de diciembre luego de un acuerdo alcanzado con el titular del INADI y Marcio Barbosa Moreira, quienes se comprometieron a propiciar una mesa de diálogo entre la provincia y la comunidad para canalizar la demanda de tierras, entrega de documentos nacionales de identidad, asistencia sanitaria y una propuesta para que Gendarmería les garantice seguridad.
El 21 de abril del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno a adoptar medidas “para garantizar la vida y la integridad física” de los manifestantes “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. Cuatro días después Félix Díaz y sus compañeros inician otra huelga de hambre y un corte en la Avenida 9 de Julio.
El 30 de abril la Justicia contravencional porteña ordenó liberar el corte con cien efectivos de seguridad enviados por el Ministerio de Seguridad . “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz luego de despejar la calle.
El 2 de mayo en Casa de Gobierno se acuerda una agenda en el marco de una Mesa de Diálogo y Trabajo. Además del ministro Randazzo participaron del acuerdo Félix Díaz junto al CELS, el Serpaj, Madres Línea Fundadora, CTA, APDH, la Defensoría General de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “El Estado se comprometió nuevamente a brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa”
Pese a que en la reunión se había acordado el traslado para el día lunes 9, uniformados sorprendieron a los manifestantes el 6 de mayo a las 9 de la mañana. La Gendarmería Nacional se hizo presente para proceder al desalojo. Subieron a los indígenas a micros y sus pertenencias a camiones. Integrantes de la agrupación La Cámpora participaron del desalojo con su titular Andrés “El Cuervo” Larroque, quienes ejercieron presión para que se acelerara la partida.
Nora de Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó ante las cámaras de televisión:
“Que venga una especie de patota de jóvenes que son de La Cámpora y organizaciones afines al Gobierno a provocar esta situación, nos duele. Esto parece tolerancia cero”. Florencio Randazzo le respondió acusando que la declaración de Cortiñas era una “canallada”.
El 13 de septiembre el Gobierno de la Provincia de Formosa se retiró durante una reunión, a la vez que mostró reticente a avanzar en las soluciones propuestas. Por su parte, el Estado Nacional no logró gestionar el conflicto con el gobierno de la Provincia, ni avanzó en las soluciones que son de su exclusiva competencia, como la situación de Parques Nacionales.
El mismo mes de septiembre son incendiadas las casas de Adolfo Miranda y de uno de los nietos de Félix Díaz.
El 8 de noviembre el hijo de Félix Díaz, de 17 años, y el nieto, de 11, que transitaban por un camino de la comunidad fueron agredidos con disparos de armas de fuego que, afortunadamente, no impactaron. Los disparos provinieron del territorio que pertenece a la comunidad y está ocupado por la familia de Alberto Celia.
El 23 de noviembre organismos de Derechos Humanos (SERPAJ, APDH y CELS) envían una carta a la Señora Presidenta, donde destacan que el gobierno formoseño sigue desconociendo los derechos de los Qom, a pesar de los acuerdos logrados en la mesa de diálogo.
Desde el 27 de noviembre al 7 de diciembre tuvimos la visita de
James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derecho indígena, quien instó al Gobierno argentino a dar “mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas”, que sufren problemas de contaminación, salud y educación, entre otros. El relator de la ONU fue recibido por la comunidad Potae Napocna Navogoh de Formosa. El representante de la comunidad Felix Diaz expresó que esperan que esa visita permita abrir el diálogo en todo el país para que se escuchen sus “urgentes necesidades”.
Durante su estadía, Anaya se reunió con autoridades y representantes aborígenes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa.
En rueda de prensa brindada en Buenos Aires, el relator manifestó que “una preocupación central” expresada por las comunidades es “la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales”, además de los “retrasos en los procesos de relevamiento territorial” y “los desalojos de indígenas dentro de las extensiones de tierras reclamadas por ellos”.
El 30 de diciembre Félix Díaz fue elegido por la revista “El País” de España entre los 100 personajes destacadosdel año. Ningún medio nacional lo publicó.
El 7 de enero de 2012. Rolando Díaz, el hijo menor de Félix Díaz, durante la mañana fue golpeado con un elemento cortante por cuatro criollos con la intención de asesinarlo. Al menos uno de ellos portaba un arma. El joven pudo escapar, pero quedó en estado de shock y con un fuerte dolor en la cabeza. Tenía temor de ir al médico pero finalmente fue internado en el Hospital Central de Formosa.
La máxima autoridad nacional en materia indígena es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Desde su creación, nunca el Presidente ha sido indígena ni elegido por indígenas.
Al día de la fecha, la comunidad no puede acceder a una parte de su territorio porque se encuentra ocupado por terceros no indígenas, por el Parque Nacional Río Pilcomayo y por una Universidad Nacional.-
Fuente: Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA)- Medio&medio
Foto: (1)Relator de la ONU en la comunidad Qom, Formosa-(2) Felix Díaz,el "qarashe" en la Revista El País de España.
Miércoles 29 de febrero de 2012
