LA UNR SE MANEJA CON PACTOS DE SILENCIO

Escrito por Redacción 

Lunes, 10 de Junio de 2013

Finalmente será la Sindicatura General de la Nación, la que investigará la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA), a la Universidad Nacional de Rosario, sobre un pedido de informes con fecha 8 de mayo 2013. En el mismo la organización solicitó información por escrito de los fondos, procedencia, montos y responsables titulares de cuentas, donación o finanzas de la Facultad a tal efecto que van a ser utilizadas para solventar viajes, hoteles, viáticos en general y gastos no enumerados para realizar el evento de cuatro días a realizarse el 25 al 28 de junio de 2013 en la Facultad de Ciencias Médicas (UNR Rosario).
Con el patrocinio de la Doctora Graciela Cristina Gomez, la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA), no pudo obtener respuesta satisfactoria a su pedido de acceso a la información pública.

Desde la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA) pusieron bajo la lupa la celebración de un Congreso organizado bajo el auspicio de la Facultad de Medicina de la UNR, poniendo en duda el origen del financiamiento y la transparencia de la organización.

La organización del evento figura a cargo del Programa Ambiente Saludable, y la Secretaría de Extensión Universitaria representada por el médico Damián Verzeñassi (hijo); el Centro de Protección a la Naturaleza, y el Foro Ecologista de Paraná, a cargo del padre del médico Sergio Daniel Verzeñassi.

A su vez la presentación recae sobre la presencia en la jornada de los políticos: Esteban Roglich, concejal socialista de Frente Nuevo, San Jorge, Pablo Pinotti, concejal socialista de Sunchales (Frente Progresista Cívico y Social), Pablo Bergel, Diputado Pcial Pcia BsAs Proyecto Sur), Pablo Di Bert, Diputado justicialista Pcial Pcia Sta Fe Encuentro Santafesino (ESF), cuyo aporte al programa se desconoce. Todo este arco político se da en el marco del estado actual de las Reformas a la Ley 11.273, todas estériles a la fecha.

Con anterioridad el pedido de informe recayó ante la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que preside Paulo Friguglietti. No es raro que el funcionario actuara de modo inmediato sacándosela de encima ese mismo día, alegando que "Analizada la misma (...) en primer lugar el apoyo de este organismo a todo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, pero a la vez advertirles que siendo el sujeto requerido un organismo del Estado Nacional, y siendo la materia regulada de carácter administrativa, el decreto 692/09 y por lo tanto las competencias que de el mismo surgen a favor de esta dirección, no les son aplicables; Sin embargo, la normativa que debería invocarse, podría ser el decreto 1172/03 que aprueba conforme su art. 4 el "Reglamento General de Acceso a la información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional", sin perjuicio de la invocación a los fines del ejercicio del derecho del reconocimiento expreso del mismo en los tratados internacionales correspondientes, hecho este último suficiente como para que se permita el ejercicio de este derecho".

Desde la AAPA, se le contestó a Friguglietti que "Ratificamos en todo su extenso el escrito y que el Decreto Nacional 1172/03 que si bien cabe destacar la amplitud de los sujetos que se encuentran bajo la órbita de este decreto ya que se incluyen “organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.” Sin embargo para la AAPA, el decreto 692/09 es provincial y propicia establecer un mecanismo regulatorio que haga efectivo el derecho de acceso a la información pública del Poder Ejecutivo Provincial, y en el ámbito jurisdiccional de su competencia establece en su capítulo IV el principio de transparencia activa, según el cual el Estado debe poner a disposición del público, sin necesidad de que medie solicitud por parte de éste, información que se encuentre en su poder referida a la gestión de políticas públicas. Demasiado para un pobre estamento donde se pelea contra la corrupción, se observa la transparencia del Sector Público, y que además es un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Parece que con semejantes tareas contestar concretamente un pedido muy menor es para el presidente Paulo Friguglietti una misión imposible.

En este sentido cobra vigor la célebre frase de la Corte en Kot : "Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias", algo que Friguglietti no comprende.

No es ninguna novedad que el diputado provincial Alberto Monti solicitó al entonces gobernador Binner, que "Ordene iniciar de manera inmediata un sumario administrativo a los fines de deslindar responsabilidades acerca del accionar del Director Provincial de Anticorrupción y Transparencia Paulo Friguglietti, en su carácter de Presidente del Tribunal Evaluador para el cargo de Fiscal en la ciudad de Venado Tuerto, en vista a las acusaciones formuladas sobre irregularidades en el mismo por parte de uno de los postulantes".

"Resulta paradójico que el funcionario del Poder Ejecutivo que debe velar por la transparencia en los actos del estado esté involucrado en actos administrativos que son fuertemente denunciados como faltos de transparencia, por lo que solicitamos su intervención personal en este asunto, ya que no podríamos solicitarle al doctor Friguglietti que se investigue a sí mismo", indica el legislador del PJ en su misiva al gobernador.

El 10 de mayo el pedido de informes recayó en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, con una Actuación cuyo Expediente lleva el N° S04-0022465/2013, y cuya resolución fue recibida en la AAPA en fecha 30 de mayo donde por intermedio de la Disposición N° 08/2013 el Director de Planificación de Políticas de Transparencias dispone "desestimar la denuncia" porque la Universidad Nacional de Rosario no se encuentra dentro de la órbita del Decreto N°1172/2003 como había sugerido Paulo Friguglietti ,el director de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, MJyDDHH santafesino.

El cruce de correos no se hizo esperar y desde la Universidad Nacional de Rosario, pese a tener toda el área académica el pedido de informes, nadie acusó recibo, ni contestó a la prensa sobre el pedido de informe publicado, quedando a la vista que está vaciada del más mínimo sentido democrático y que puede parecerse a la idea de facto del silencio.

“Pareciera que para la casa de altos estudios hay algo que esconder en los orígenes financieros de lo solicitado y desnuda la trama interna de la Facultad de Ciencias Médicas donde la única cara visible parecen ser la familia Verzeñazi y dos organizaciones” dijo Juan Luis Peri presidente de la Asociación. A su vez el pedido llegó a las respectivas comisiones de Ambiente de la Cámara de Senadores de Entre Ríos y de la Cámara de Diputados de la misma, a los efectos de que tomen conocimiento.

Dada la situación la AAPA acudió a la Auditoría General de la Nación, quien pondrá en su informe anual final, dicho pedido remitiendo la denuncia directamente para ser presentada ante nota directamente al Síndico General de la Nación Dr. Daniel Gustavo Reposo.

“Lo que se busca es que el Ministerio de Educación responda qué indicadores aplica el Consejo Interuniversitario Nacional, para la asignación de los fondos públicos derivados a la UNR, y si la Facultad de Ciencias Médicas cumple la normativa de la Sindicatura General de la Nación para generar indicios en la mejora de la gestión de la Universidad" puntualizó Peri.

Al decir de la Licenciada en Ciencias de la Educación Graciela Amalia Domínguez, de la Universidad de Río Cuarto, las Universidades tienen :"Un sistema de gobierno y coordinación complejo,(...) debido a la multiplicación de organismos e instancias de decisión con diferente grado de poder, en donde el sector burocrático-político cumple un papel central; (...) En un contexto de política de 'mercado dirigido' y de débil presencia de los académicos como corporación, esta delegación de autoridad puede disminuir la ya endeble capacidad de las universidades para adoptar decisiones"(1)

Decisiones que aparentemente el Decano Miguel Angel Farroni y la familia Verzeñazi deciden con comodidad rodeado en el mercado dirigido por los agronegocios. Siendo Rosario la capital de la soja, habría que preguntarse si realmente es débil esa presencia de académicos como corporación, si forma parte de la otra corporación o si solo esos diferentes grados de poder, son repartidos entre el decano, el llamado Programa Ambiente Saludable, y la Secretaría de Extensión Universitaria.

Fuente: Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA)-Medio&medio

(1) Gobierno y coordinación de las universidades nacionales en Argentina" Profesora adjunta en las cátedras de Historia de la Educación y Política Educacional, Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto.