Por La otra mirada sur
Agrotóxicos, multinacionales, enfermedad, contaminación y criminalización de la protesta, son algunas caras de la misma moneda que también nos une como países.
La muerte invisible e invisibilizada.
Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer que aproximadamente mas de 5 millones de personas, anualmente, sufren intoxicación debido a diferentes agrotóxicos. Se estima que de esta cifra fallecen cerca de un millón. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos existe un subregistro de los envenenamientos. Por lo tanto, se estima que por cada incidente notificado, hay 50 que no son identificados por varios factores que van desde, la falta de acceso a los servicios de salud por la población, las dificultades que enfrentan los médicos en la identificación de intoxicación por agrotóxicos, incluso el miedo de los profesionales de la salud a tomar dicha notificación, dado el poder de grandes productores agroindustriales en las áreas afectadas por estos químicos. Cerca del 99% de los afectados, viven en países en vías de desarrollo. Naciones Unidas considera que la tasa de intoxicaciones por agrotóxicos en los países del sur podría ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados, por lo cual declaró a los plaguicidas como uno de los mayores problemas en el ámbito mundial.
Ante las medidas de prohibición de muchos productos en Europa como el Glufosinato, Azinfós metil, Diclorvos, Fention, Endosulfán, Malatión entre muchos otros, y el aumento de los costos de inversión para introducir los nuevos en el mercado de los países desarrollados, las compañías multinacionales han respondido exportando al Tercer Mundo aquellos tóxicos.
Ya en el año 1962, la bióloga Raquel Carson, cuando publicó su libro Primavera Silenciosa, destacó las consecuencias nocivas para el ser humano y el medio ambiente que provocaba el uso de peligrosos venenos químicos para combatir las plagas y enfermedades de las plantas. Tiempo después, las investigaciones demostraron la presencia de plaguicidas clorados en el tejido adiposo de mamíferos marinos y otros vertebrados e incluso en la sangre de los seres humanos y en la leche materna. Y es que los agrotóxicos no fueron creados para la agricultura, ni solicitados por los agricultores: fueron un producto de la guerra, según el informe "Los agrotóxicos, El Nuevo Holocausto Invisible", realizado por Graciela Vizcay Gomez, en la actualidad la venta del paquete tecnológico semilla-agrotóxico es la ecuación perfecta para sostener un poder corporativo que ha crecido en las últimas décadas de una forma que no tiene precedentes.
Vizcay Gomez relata que en la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania fue bloqueada y los aliados prohibieron la importación del salitre chileno y otros abonos nitrogenados que podían utilizarse en la fabricación de explosivos, les quedó un enorme stock de nitratos que ya nadie quería. La industria química los recicló y se los impuso al agricultor; así nacieron los abonos nitrogenados. En otro caso, cuando explotó la primera bomba atómica, en el verano de 1945, viajaba en dirección a Japón un barco americano con una carga de fitocidas, entonces declarados como LN 8 y LN 14, suficientes para destruir el 30% de las cosechas, químicos capaces de eliminar todo tipo de plantas . Más tarde, en la guerra de Vietnam, estos mismos venenos, con otros nombres tales como “agente naranja”, sirvieron para la destrucción de decenas de miles de kilómetros cuadrados de bosques, cultivos y pantas (que no han vuelto a brotar), al mismo tiempo afectó y afecta aún a esa población humana de modo irreversible, siguen naciendo niños con malformaciones congénitas, cegeras, deformidades y elevadísimos índices de casos de cáncer. Después de las citadas guerras, la agricultura sirvió para canalizar las enormes cantidades almacenadas existentes de éstos tóxicos para mantener funcionando las grandes capacidades de producción que ya habían sido montadas. En este sentido, no es menos polémico el origen y actual accionar de las principales empresas productoras de estos venenos.
BAYER, la mayor productora de agrotóxicos, de origen alemán, se convirtió en parte de IG Fraben conglomerado de las industrias químicas alemanas que formaron la base financiera del régimen nazi. El gas Zyklon B, que se utilizaba en las cámaras de exterminios, era fabricado por Degesch, una subsidiaria de IG Farben. En el caso de BASF, la empresa química más grande del mundo también de origen alemán, comprende más de 160 subsidiarias y cuenta con más de 150 plantas de producción en todo el globo. Entre sus productos esta el agrotóxico de nombre comercial Opera, que incluye a los extremadamente tóxicos glifosato (herbicida) y endosulfán (insecticida); el producto cuenta con una publicidad que muestra a un niño sonriente, con una pequeña planta en la mano y con una extensa plantación de soja de fondo.
Por otro lado, la norteamericana DuPont, ya durante la Guerra Civil en los EE.UU., suministraba la mitad de la pólvora usada por el ejército de la Unión, también dinamita. Siguió siendo un proveedor del ejército estadounidense tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. También colaboró en el Proyecto Manhattan, siendo responsable de la planta de producción de plutonio en el Laboratorio Nacional Oak Ridge. De origen suizo, el anglo-sueco SYNGENTA/NOVARI tiene entre sus productos el famoso pesticida Paraquat, vendido en más de cien países con el nombre genérico de “Gramoxone”. Este producto, una vez absorbido a través de la piel o los pulmones, tiene efectos que son irreversibles. No existe ningún antídoto conocido para el envenenamiento con paraquat. Diversas organizaciones de Asia, África y Europa, presentaron una denuncia contra la multinacional ante la FAO. La empresa no respeta su artículo 3.5 que llama a evitar ciertos pesticidas extremadamente tóxicos. En julio pasado, la Corte de Justicia Europea también se pronunció contra dicho producto.
Por su parte, la estadounidense MONSANTO, tiene como parte de su largo prontuario la producción del PCB (bifenilos policlorados) utilizados en los tranformadores eléctricos y causantes de múltiples patologías sobre todo cancerígenas. Su colaboración en la creación de armas Nucleares, ya que poco después de que adquirieron Thomas & Hochwalt Laboratories, Monsanto desarrolló un departamento que jugó un papel clave en el proyecto Manhattan de 1943 a 1945, responsable de la producción de las primeras bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Producción del agente naranja utilizado en la Guerra de Vietnam. Conocida actualmente por su glifosato Round Up, fue condenada en Francia por publicidad engañosa, al ser demostrado su carácter potencialmente cancerígeno y perturbador del sistema endocrino y de provocar efectos nefastos para el ambiente, a largo plazo. Introdujo al mercado la primera generación de transgénicos, convirtiéndose en el líder mundial en la promoción de biotecnología. Actualmente, es el mayor vendedor mundial de semillas transgénicas en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Sus cultivos representan más del 90 por ciento de todos los cultivos transgénicos del mundo.
Agrotóxicos, multinacionales, enfermedad, contaminación y criminalización de la protesta, son algunas caras de la misma moneda que también nos une como países.
La muerte invisible e invisibilizada.
Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer que aproximadamente mas de 5 millones de personas, anualmente, sufren intoxicación debido a diferentes agrotóxicos. Se estima que de esta cifra fallecen cerca de un millón. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos existe un subregistro de los envenenamientos. Por lo tanto, se estima que por cada incidente notificado, hay 50 que no son identificados por varios factores que van desde, la falta de acceso a los servicios de salud por la población, las dificultades que enfrentan los médicos en la identificación de intoxicación por agrotóxicos, incluso el miedo de los profesionales de la salud a tomar dicha notificación, dado el poder de grandes productores agroindustriales en las áreas afectadas por estos químicos. Cerca del 99% de los afectados, viven en países en vías de desarrollo. Naciones Unidas considera que la tasa de intoxicaciones por agrotóxicos en los países del sur podría ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados, por lo cual declaró a los plaguicidas como uno de los mayores problemas en el ámbito mundial.
Ante las medidas de prohibición de muchos productos en Europa como el Glufosinato, Azinfós metil, Diclorvos, Fention, Endosulfán, Malatión entre muchos otros, y el aumento de los costos de inversión para introducir los nuevos en el mercado de los países desarrollados, las compañías multinacionales han respondido exportando al Tercer Mundo aquellos tóxicos.
Ya en el año 1962, la bióloga Raquel Carson, cuando publicó su libro Primavera Silenciosa, destacó las consecuencias nocivas para el ser humano y el medio ambiente que provocaba el uso de peligrosos venenos químicos para combatir las plagas y enfermedades de las plantas. Tiempo después, las investigaciones demostraron la presencia de plaguicidas clorados en el tejido adiposo de mamíferos marinos y otros vertebrados e incluso en la sangre de los seres humanos y en la leche materna. Y es que los agrotóxicos no fueron creados para la agricultura, ni solicitados por los agricultores: fueron un producto de la guerra, según el informe "Los agrotóxicos, El Nuevo Holocausto Invisible", realizado por Graciela Vizcay Gomez, en la actualidad la venta del paquete tecnológico semilla-agrotóxico es la ecuación perfecta para sostener un poder corporativo que ha crecido en las últimas décadas de una forma que no tiene precedentes.
Vizcay Gomez relata que en la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania fue bloqueada y los aliados prohibieron la importación del salitre chileno y otros abonos nitrogenados que podían utilizarse en la fabricación de explosivos, les quedó un enorme stock de nitratos que ya nadie quería. La industria química los recicló y se los impuso al agricultor; así nacieron los abonos nitrogenados. En otro caso, cuando explotó la primera bomba atómica, en el verano de 1945, viajaba en dirección a Japón un barco americano con una carga de fitocidas, entonces declarados como LN 8 y LN 14, suficientes para destruir el 30% de las cosechas, químicos capaces de eliminar todo tipo de plantas . Más tarde, en la guerra de Vietnam, estos mismos venenos, con otros nombres tales como “agente naranja”, sirvieron para la destrucción de decenas de miles de kilómetros cuadrados de bosques, cultivos y pantas (que no han vuelto a brotar), al mismo tiempo afectó y afecta aún a esa población humana de modo irreversible, siguen naciendo niños con malformaciones congénitas, cegeras, deformidades y elevadísimos índices de casos de cáncer. Después de las citadas guerras, la agricultura sirvió para canalizar las enormes cantidades almacenadas existentes de éstos tóxicos para mantener funcionando las grandes capacidades de producción que ya habían sido montadas. En este sentido, no es menos polémico el origen y actual accionar de las principales empresas productoras de estos venenos.
BAYER, la mayor productora de agrotóxicos, de origen alemán, se convirtió en parte de IG Fraben conglomerado de las industrias químicas alemanas que formaron la base financiera del régimen nazi. El gas Zyklon B, que se utilizaba en las cámaras de exterminios, era fabricado por Degesch, una subsidiaria de IG Farben. En el caso de BASF, la empresa química más grande del mundo también de origen alemán, comprende más de 160 subsidiarias y cuenta con más de 150 plantas de producción en todo el globo. Entre sus productos esta el agrotóxico de nombre comercial Opera, que incluye a los extremadamente tóxicos glifosato (herbicida) y endosulfán (insecticida); el producto cuenta con una publicidad que muestra a un niño sonriente, con una pequeña planta en la mano y con una extensa plantación de soja de fondo.
Por otro lado, la norteamericana DuPont, ya durante la Guerra Civil en los EE.UU., suministraba la mitad de la pólvora usada por el ejército de la Unión, también dinamita. Siguió siendo un proveedor del ejército estadounidense tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. También colaboró en el Proyecto Manhattan, siendo responsable de la planta de producción de plutonio en el Laboratorio Nacional Oak Ridge. De origen suizo, el anglo-sueco SYNGENTA/NOVARI tiene entre sus productos el famoso pesticida Paraquat, vendido en más de cien países con el nombre genérico de “Gramoxone”. Este producto, una vez absorbido a través de la piel o los pulmones, tiene efectos que son irreversibles. No existe ningún antídoto conocido para el envenenamiento con paraquat. Diversas organizaciones de Asia, África y Europa, presentaron una denuncia contra la multinacional ante la FAO. La empresa no respeta su artículo 3.5 que llama a evitar ciertos pesticidas extremadamente tóxicos. En julio pasado, la Corte de Justicia Europea también se pronunció contra dicho producto.
Por su parte, la estadounidense MONSANTO, tiene como parte de su largo prontuario la producción del PCB (bifenilos policlorados) utilizados en los tranformadores eléctricos y causantes de múltiples patologías sobre todo cancerígenas. Su colaboración en la creación de armas Nucleares, ya que poco después de que adquirieron Thomas & Hochwalt Laboratories, Monsanto desarrolló un departamento que jugó un papel clave en el proyecto Manhattan de 1943 a 1945, responsable de la producción de las primeras bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Producción del agente naranja utilizado en la Guerra de Vietnam. Conocida actualmente por su glifosato Round Up, fue condenada en Francia por publicidad engañosa, al ser demostrado su carácter potencialmente cancerígeno y perturbador del sistema endocrino y de provocar efectos nefastos para el ambiente, a largo plazo. Introdujo al mercado la primera generación de transgénicos, convirtiéndose en el líder mundial en la promoción de biotecnología. Actualmente, es el mayor vendedor mundial de semillas transgénicas en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Sus cultivos representan más del 90 por ciento de todos los cultivos transgénicos del mundo.
Armas nucleares y bomba atómica
En 1936 Monsanto adquirió Thomas & Hochwalt Laboratories en Ohio y lo convirtió en su Departamento Central de Investigación. Entre los años 1943 y 1945 este departamento coordinó sus esfuerzos con el Comité de Investigación de la Defensa Nacional de EE.UU. y se dedicó a la purificación y producción de plutonio, y a refinar las sustancias químicas que se usan como detonantes para armas nucleares.
El agro-negocio se instaló en nuestros países, corrompiendo las estructuras políticas, económicas y sociales. El actual modelo de producción agrario en América Latina fue marcado por la entrada de la llamada Revolución Verde, a mediados del siglo XX. Luego, se profundizó con el ingreso de la agricultura transgénica en los años 90, la cual requiere de agrotóxicos para existir. Si bien el uso de estos venenos inicia antes, fue en los últimos 20 años cuando se comenzaron a utilizar de forma masiva e indiscriminada.
En el año 2003, la multinacional Syngenta publicó un aviso en los diarios argentinos Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios de Sud América, en los que se sembraba soja. Integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una deforestación, de como mínimo, 500 mil hectáreas por año, que tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada día por los daños a la salud, los ecosistemas, la agricultura y a las comunidades. Obviamente, dentro de la lógica del modelo, esta situación siempre afecta, en mayor proporción, a los grupos sociales que viven en vulnerabilidad, dependiendo de su clase, género, grupo étnico o su inserción en determinados sectores y territorios económicos, no sólo por la mayor exposición a estos tóxicos sino también por las dificultades que estos grupos tienen en reconocer, difundir lo que sucede y hacer frente a los riesgos, junto a su nula influencia y participación en los procesos de toma de decisiones que les afectan.
Los agrotóxicos no “desaparecen” luego de aplicados, sino que persisten en el aire, el agua, las comidas y terminan en el cuerpo humano deprimiendo el sistema inmunitario. Esto hace que las personas sean más sensibles a enfermarse de distintas patologías. Las aguas contaminadas expanden el tóxico a la flora y fauna, produciendo la muerte de especies, el aumento de la intoxicación humana y la contaminación de las reservas hídricas.
Según el informe, publicado en el 2012, titulado Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas, realizada por la investigadora Georgina Catacora Vargas, Brasil y Argentina son los alumnos más aplicados del modelo de agro-negocios. En relación sólo al cultivo de soja, Brasil esta como el segundo productor mundial y Argentina como el tercero. Ambos concentran el 90% de la superficie de soja de la región: 23 millones de hectáreas en Brasil, 19 millones en Argentina. Por otro lado, aproximadamente el 36% de la tierra arable de Brasil, el 59 (%) de Argentina y el 66 (%) de Paraguay están ocupadas con soja. Cabe recalcar que ya se comprobó la contaminación transgénica: en la zona de Cataratas de Iguazú, un estudio llevado a cabo por el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA) en el Parque Iguazú confirmó que los cultivos de soja transgénica, que abundan en su zona de influencia, son la causa de la contaminación genética de diversas especies vegetales. El cultivo de soja en la zona de resguardo del parque está prohibido por ley, pero en las repúblicas unidas de los transgénicos todo es posible.
En Argentina, viven actualmente más de 13 millones de personas en áreas que se fumigan con más de 300 millones de litros de agroquímicos por año, en 22 millones de hectáreas afectadas y la dosis sigue creciendo, mientras la población enferma y muere en una descontrolada lluvia tóxica. Por su parte, la Cámara de Agrotóxicos Argentina informó que en los últimos 22 años el consumo de pesticidas aumentó 858%, mientras datos epidemiológicos oficiales revelan que, en ese tiempo, hubo un 400% más de malformaciones congénitas y 300% de patologías oncológicas. Un informe del Ministerio de Salud de mayo de 2012 confirma que las poblaciones expuestas a los agroquímicos, tienen un 30 por ciento más de casos de cáncer que en aquellas que no están. Según informó la Red de Médicos de Pueblo Fumigados, después de más de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas; de la misma manera, los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación, son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios.
Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentó notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Los rebaños de cabras de los campesinos y originarios registran, en algunas zonas, hasta un 100% de abortos vinculados a la exposición con pesticidas. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes. Cada vez, nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones. Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. (entre otras) se diagnostican con frecuencia en estas áreas.
Según indica el biólogo Raúl Montenegro, en Argentina la población expuesta a la fumigación no sabe que tiene plaguicidas en sus organismos. Los recibieron por exposición directa, al consumir sedimentos de tanques de agua, partículas de suelo y alimentos contaminados. Y también por vía transplacentaria y lactancia materna cuando eran embriones, fetos y bebés pequeños, pues sus madres almacenaban plaguicidas en sangre y el tejido graso. La agresión química afecta a todas las personas, pero sin duda que las poblaciones más empobrecidas del campo, los peones, sus mujeres y niños son los que tienen menos posibilidades de proteger y recuperar su salud.
En el caso de Misiones, zona fronteriza con Parguay y Brasil, el Hospital Provincial de Posadas comprobó que incluso la población no expuesta tiene al menos 15 agroquímicos circulando en sangre, con el agravante de que sus efectos combinados no se conocen, ya que se sabe cómo actúa el glifosato, pero no cómo lo hace si se combina con el herbicida 2-4-D. Lo que sí sé sabe es que este es uno de los componentes del agente naranja que usaron los norteamericanos en Vietnam y que hay muchos más pacientes con malformaciones en la zona.
Aun así, las denuncias sobre los efectos de los agroquímicos, utilizados en la explotación de cosechas de alta rentabilidad, suelen perderse entre la polémica. A pesar de todas las denuncias hechas por los vecinos, la información recopilada en los Encuentros de Médicos de las facultades de medicina de Córdoba (2010) y de Rosario (2011), y todos los datos científicos que demuestran la toxicidad de los pesticidas, el Gobierno sigue apostando a aumentar la producción agraria con el mismo modelo. Del sector empresario, académico y gubernamental, que defienden a la agricultura química, se sigue insistiendo que no hay pruebas suficientes. Las grandes empresas nucleadas en CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) niegan que estos productos sean tóxicos, si se usan de acuerdo a las instrucciones y al “uso responsable”.
En nuestro país, no existe una ley que regule el uso de agrotóxicos, existen algunas normativas provinciales cuya aplicación no resulta del todo clara.
Montenegro recalca que la escasa visibilidad de esta problemática se debe a la ausencia de registros y la falta de monitoreo de residuos de plaguicidas, lo que no se mide parece no existir, pero existe y donde el estado nacional, los gobiernos provinciales, las empresas y los productores son responsables. El SENASA sigue autorizando tóxicos sin procedimientos independientes y sus dos organismos de control de plaguicidas, SIFFAB y SICOFHOR, no controlan o lo hacen mal. No se aplica el Principio Precautorio de la Ley Nacional de Ambiente, el cual respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente; no se trata el proyecto de ley nacional que penaliza aplicar estos venenos sobre las personas, se sigue promoviendo el aumento indiscriminado de su utilización y se sigue manifestando que el glifosato es tan inocuo como “agua con sal”.
Un hito frente a esta situación fue en Córdoba. El juicio de las Madres de Barrio Ituzaingó -realizado en 2012, el cual adquirió carácter de histórico ya que fue el primero en Argentina y Latinoamérica, donde la justicia encontró culpable a un productor agropecuario y a un fumigador por contaminación con agrotóxicos- marcó un precedente que abrió una fuerte reflexión en relación a la actual labor agraria y sus más nefastas consecuencias.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, un grupo de ciudadanos demandó a varias empresas y al Estado argentino por el uso indiscriminado de agrotóxicos, cada vez más generalizados en el país. La Corte Suprema de Justicia analiza la demanda contra las firmas Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera y Bayer, entre otras productoras de OGM, así como contra el Estado Nacional y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los demandantes piden a la Corte que exhorte al Poder Ejecutivo a suspender provisionalmente el uso de OGM y agrotóxicos, hasta que se llegue a una conclusión científica sobre sus efectos para la salud y el medio ambiente. Piden además que el Congreso legisle sobre bioseguridad y condene a las firmas demandadas a reparar el ambiente y pagar las indemnizaciones oportunas. La modificación artificial del genoma de las plantas se aprobó en Argentina en 1996, y desde entonces se ha aprobado el uso de 27 semillas transgénicas, diez de ellas solo en 2013. Aún no hay novedades al respecto.
Desprotegidos por las Leyes
En los últimos diez años, con la expansión de la frontera extractiva que exige concentración de tierras y ocupación de territorios, la criminalización se ha ampliado a las comunidades indígenas y campesinas, así como a nuevos grupos y asambleas socio-ambientales y organizaciones territoriales. En esta línea, existe una relación directa entre extractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos. Como consecuencia de ello, la creciente territorialización de los conflictos ha derivado tanto en el desplazamiento de comunidades originarias y campesinas como en una mayor persecución de dirigentes y militantes territoriales y ambientales, en un marco de militarización creciente y de salidas represivas.
En el 2010, se aprobó en Argentina la Ley Antiterrosita. El término “terrorista” cuenta con una larga historia en el lenguaje político, pero se ha utilizado muy especialmente a los efectos de demonizar a los opositores políticos. La sanción de leyes antiterroristas intenta producir dos efectos simultáneos: por un lado, castigar; por otro lado, intimidar, paralizar, dividir, romper lazos de solidaridad. El estrecho vínculo que existe entre la reciente reforma de la Justicia y la ya sancionada ley antiterrorista resulta evidente. La última tiene como principal objetivo mantener bajo amenaza a los militantes populares y luchadores sociales, mientras que la primera se interesa en mantener bajo amenaza a los jueces discordantes. Contradictoriamente, sus defensores sostuvieron que aprobaban la ley pero que nunca la aplicarían, cuestión absurda ya que la ley antiterrorista está en vigor y sus efectos se sienten con independencia de que un juez se decida a imponerla.
Son diversos los casos en los que las autoridades políticas o judiciales amenazaron con aplicar la ley antiterrorista. Las personas que salen a manifestar su legítimo derecho a la protesta se las sustantiva; han dejado de ser miembros de una comunidad, de un movimiento social, de un grupo comunitario: son terroristas. Estos procesos de pérdida de derechos incluyen también avance y expropiación del territorio de las comunidades campesinas indígenas y de los bienes naturales. Tenemos el caso de la extradición de los presos políticos paraguayos, que llegaron a Argentina escapando de la persecución de su gobierno, y a los tres días fueron detenidos negandóseles el refugio político, este fue un precedente e inaguración de la aplicación de la ley “anti” terrorista. Los seis militantes campesinos paraguayos, pertenecientes al movimiento Patria Libre, rechazaron las acusaciones que el gobierno paraguayo les imputaba de terroristas, bajo una falsa acusación de secuestro y asesinato de la hija del ex-presidente paraguayo Cubas. Los campesino indicaron que dicho suceso fue un ajuste de cuentas entre distintos grupos mafiosos enquistados en el gobierno y denunciaron entre otras cosas más de doscientos trabajadores, campesinos y militantes asesinados en Paraguay impunemente.
Otro ejemplo, se advierten en materia de los derechos indígenas, con que el nuevo Código Civil entra en directa contradicción con lo establecido por la Constitución vigente, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El proyecto no aseguró la participación y consulta previa requeridas por la normativa vigente; incorpora el régimen de propiedad comunitaria indígena en un marco de derecho privado regido por principios que le son ajenos; otorga la titularidad del derecho sólo a las comunidades indígenas registradas como personas jurídicas, justificando así los constantes avallasamientos y violaciones a los derechos humanos de las comunidades, en pos de una frontera agropecuaria que quiere seguir expandiéndose. A lo anterior, esto hay que agregar que, en los últimos años, existe una tendencia a la tercerización de la represión a través de la utilización por ejemplo de sindicatos (la UOCRA, sobre todo), guardias blancas y sicarios contratados especialmente por latifundistas y propietarios sojeros como en el caso de Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Fuente: La Otra Mirada Sur-Caleta Olivia-Argentina
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