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domingo, 11 de octubre de 2020

El caso IAPOS en Santa Fe terminó en una pelea online entre la abogada porteña y la jueza reconquistense

 

El único juzgado que funciona es de la Primera Nominación ya que la jueza de la Tercera Nominación se quiere jubilar, el juzgado de la Segunda tiene el caso Vicentin.

La Cámara de apelación tampoco funciona, un camarista se jubiló y lo reemplaza un juez que viaja desde Rafaela una vez al mes, por lo que los expedientes duermen con las apelaciones.


De este modo, la Justicia santafesina se encuentra en su peor momento. La Corte mira para otro lado con un sueldo de un millón de pesos cada juez y el gremio judicial es “el único sindicato del país que no defiende a los empleados”, confesó la abogada Graciela Vizcay Gomez.

También el presidente de Circunscripción Rosario, Carlos Encinck, se hizo oír al reclamar una mayor apertura ante la pandemia cuando manifestó que: “Hace falta un recambio generacional en algunos ministros de la Corte. Exceden el límite de edad y no están aggiornados a las nuevas tecnologías”, refiriéndose al presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutierrez, que lleva dos décadas en el puesto y puso “a dedo a su esposa Jaquelina Balangione como Defensora Provincial en 2017 con la anuencia del gobernador Miguel Lifschitz”.

Cabe aclarar que también se lo acusa por su amistad con Ricardo Lorenzetti, el rafaelino de la Corte Suprema de la Nación, que tiene grandes intereses en el Grupo Tita, que maneja la obra social IAPOS.

Son duras las acusaciones de la abogada contra el Juzgado de la jueza Cismondi y sobre el terror de los abogados locales que se niegan a presentar un Pronto Despacho por miedo a represalias. No se calla nada, porque “todo tiene que ver con todo”.

Por dicho motivo tampoco prosperó la junta de firmas de varios abogados reconquistenses que pretendían denunciar a la jueza Cismondi. “La única que no le tiene miedo soy yo” dijo Vizcay Gomez, y se lo hizo saber por escrito. “Usted a mí me respeta”, y con copia a la Corte Suprema de Santa Fe, donde están los “mayores ñoquis de la justicia”, dijo. Y agregó que está harta de abogados “tibios'' que “le temen a un juez o a un fiscal que ni siquiera saben de la jurisprudencia de la que les estoy hablando. Es deplorable y anacrónica la justicia en Santa Fe”.

En el documento enviado, explicó que “considero una clara falta de respeto dirigirse a mi persona como profesional Abogada (UBA)- Escribana (UNR) como lo hace”. En ese sentido, ratificó que “lo único que le molesta al juzgado, es que yo presente Prontos Despachos, y les exija celeridad, habida cuenta de la inexplicable dilación de los plazos procesales estando la Cautelar otorgada, habiendo ‘Periculum in mora’ importando la vida de un enfermo de cáncer terminal”.

“En esta situación de emergencia, donde se insta a los profesionales a no asistir personalmente a los juzgados, y trabajar en forma remota a través de presentaciones digitales o electrónicas, se advierte una dificultad en el uso de la notificación automática, cual es la imposibilidad de firmar el libro de asistencias, para evitar quedar notificados de una providencia que no conocemos ni pudimos conocer. Es por eso que la variante introducida al art. 61 CPCC, consistente en quedar notificados el primer martes o viernes posterior a que el decreto se haga visible en el sistema (sin que importe la fecha del decreto) permite evitar situaciones problemáticas o conflictivas", explicó.

Fuente NOVA 

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