Por NOVA
El 14 de noviembre pasado, la abogada ambientalista Graciela Gómez arribó a San Nicolás para brindar una charla sobre agrotóxicos en el Auditorio de la Radio SN24, organizada por la ONG Fomea, y desató un escándalo que golpea al intendente Ismael Passaglia al correr el velo de pactos y connivencias en el uso de agrotóxicos en el distrito.
La primera entrevista de la letrada fue en el programa “Juana La Loca”, que conduce la socióloga y periodista Nora Toiapor la mencionada emisora. Desde allí, Gómez se dirigió a recorrer el Santuario de la Virgen. Las denuncias estaban por venir.
La charla prevista para las 19 fue producto de la preocupación de los vecinos por las fumigaciones indiscriminadas en San Nicolás, que al intendente Passaglia parecen no preocuparle en absoluto, pese a los reclamos y notas presentadas por Fomea.
Prueba de ello es la descabellada decisión de Passaglia de vetar la ordenanza que protegía de las fumigaciones, cediendo al lobby de ingenieros agrónomos y ruralistas. Y eso que el jefe comunal es médico.
Pese a que conoce perfectamente las consecuencias de la exposición a los venenos, Passaglia hizo caso omiso a los reclamos de los vecinos y vetó, en lo que tildaron como un “acto repudiable”, la ordenanza aprobada por unanimidad en agosto de este año, que prohibía la fumigación terrestre a 1200 metros de la zona urbana.
Esta medida dejaba sin efecto a la ordenanza anterior N° 7044 de 2007-, que permite fumigar a escasos 50 metros de las casas, y que vuelve a estar vigente a la fecha.
“Los que se autoproclaman especialistas en el tema son neófitos cuando queman los bidones vacíos de agrotóxicos luego de usarlos, aumentando el riesgo y elevando la contaminación de forma criminal”, denunció Gómez. Jamás se reformó ni se quejaron de la ordenanza 3266 del 2005, que aborda el tema y redujo el horario de 48 a 12 horas para denunciar las fumigaciones.
Esto llevó a la ONG Fomea a presentar notas y quejas junto a los vecinos que jamás fueron contestadas ni tenidas en cuenta a la hora de legislar, violando los derechos a la Información Pública Ambiental (artículos 16, 17 y 18 de la Ley Nacional 25.675.) y de Audiencias Públicas, contemplados en los artículos 19, 20 y 21 de la misma norma.
La presión de los productores y los ingenieros agrónomos pudo más. Los “aprietes” comenzaron con una solicitada de nueve ingenieros agrónomos publicada en el Diario El Norte. La firmaron Daniel Levato, Alejandro Buono, Walter Berdini, Carlos Deniau, Martín Fontano, Anahí Cortese, Fernando López del Sarto, Hernán Lázzari y Ariel Bianc.
Pero eso no es todo, porque cuatro de los ingenieros agrónomos firmantes tendrían la matrícula suspendida por mala praxis, con sanciones e inhabilitación para firmar recetas agronómicas. Pese a ello, con “total impunidad” fueron la voz que el intendente Passaglia y sus asesores siguieron como palabra santa para decidir, en poco menos de un mes, dejar sin efecto una ordenanza que molestaba al sector sojero.
Argumentos:
Según los ingenieros, la vetada es una ordenanza que “técnicamente está muy mal formulada” “Además, aparece la palabra ‘prohibir’. Cuando se prohíben las pulverizaciones en 1200 metros, se está afectando al Partido de San Nicolás”, agregaron, y adujeron que “la pérdida económica que se generará será del 20 por ciento del área agrícola”, como si lo único que debe plantarse es forraje, negando la posibilidad de cultivar sin agrotóxicos huertas o alimentos en el cordón que rodea la ciudad.
Sin embargo, lo más desopilante del planteo fue la frase del ingeniero Deniau: “La medida atenta contra el desarrollo tecnológico y productivo del Partido de San Nicolás. Los países que están con máxima tecnología en materia agropecuaria prácticamente siembran en los parques de los cascos urbanos”, manifestó, sin ruborizarse.
Como colorarlo, el director del diario El Norte, Haroldo T. Zuelgaray, también se permitió opinar, solidarizándose con la solicitada y acorde con la postura de sus sponsors, los únicos que tienen espacio en su medio “netamente tendencioso”, según acusó Graciela Gómez.
“Cuando se proyectan ordenanzas o leyes se deben tener en cuenta todas las perspectivas y consultar los especialistas en cada tema”, dijo Zuelgaray, en la suposición de que los especialistas de la solicitada, la mitad de ellos con la matrícula suspendida, fueran ejemplo de cómo legislar y no morir en el intento.
“Eso demuestra a las claras la intolerancia y el poder de unos pocos para censurar abiertamente mi visita a esa ciudad”, le dijo a NOVA la abogada Gómez, luego de comprobar que la charla no fue publicada en el periódico.
Pero no pudieron opacar la jornada, que fue un éxito, destacó la letrada, con el auditorio lleno saliendo en vivo y en directo para cuatro provincias y para el exterior por Internet en el sitio de SN24.
Presencias:
El mitín contó con la presencia del Grupo Ambiente Areco, que logró con sus reclamos la clausura de la planta de acopio Granel Sur, causante de todo tipo de enfermedades, especialmente las respiratorias, y de la empresa fumigadora del aeroaplicador Sergio Crestán, que había enviado cartas documentos a los vecinos cuando Gómez realizó una charla en San Antonio de Areco que molestó a las entidades agrarias.
También estuvieron presentes una familia afectada por los agrotóxicos de Campos Salles, Luis Romero y Analía Garmaz, del Área de Responsabilidad Social de la Municipalidad, y Gabriel Godoy.
Walter Álvarez, del Canal 2 local, realizó una entrevista en el Hotel Yaguarón, donde fue alojada la Dra. Gómez: la nota salió al aire en tres horarios centrales el viernes 15, en “Somos Noticia” por Cablevisión.
“La ordenanza que hoy rige en la ciudad no tiene en cuenta el Principio Precautorio, ni el artículo 41 de la Constitución Nacional, ni el artículo 28 de la Constitución Provincial, que garantiza que ‘los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras’”, recordó la abogada.
Algo que el intendente Ismael Passaglia desconoce, como así también viola el artículo 36 que garantiza el Derecho a la Salud en la provincia de Buenos Aires, insistió.
Por otro lado, el Código de Ética Médica expresa claramente que “el médico que desempeña un cargo público es el más obligado a respetar a la ética profesional, cumpliendo con lo establecido en este Código”.
Asimismo, determina que “el médico es responsable de sus actos: cuando comete delitos contra el derecho común y cuando, por negligencia, impericia, ignorancia o abandono inexcusables, causa algún daño”. De respetarlo por parte de Passaglia, ni noticias.
El daño ya está causado, manifestó Edgar Panigatti, presidente de FOMEA. “Todas las consecuencias en la salud que sean producto de las fumigaciones, de la quema de bidones y de la contaminación de los alimentos obedece a la decisión de unos cuantos pusilámines que ni siquiera asistieron a la charla para desasnarse”, acusó.
“Ellos serán señalados a la hora de responder penalmente por ‘incumplimiento de deberes de funcionario público’, por inacción u omisión y por autorizar el envenenamiento masivo de los vecinos de San Nicolás”, concluyó Panigatti.
Fuente: NOVA ARGENTINA
