Sábado 8 de octubreDiario La Capital
Firmat.— El caso de una familia firmatense que perdió un bebé, la sospecha médica de que tal deceso podría estar vinculado con la exposición a los agroquímicos, y la recomendación profesional a la madre de abandonar las zonas sujetas a fumigación generaron conmoción en esta ciudad. Ayer fue presentado en sede judicial un escrito para solicitar que se resuelva el pedido de una medida cautelar, cuyo plazo ya venció, para impedir las aplicaciones a menos de mil metros del radio urbano. La presentación fue realizada por las abogadas patrocinantes del matrimonio que, a mediados de abril, perdió uno de los gemelos que esperaba.
La acción fue interpuesta el 21 del mes pasado contra la Municipalidad local y Sanidad Vegetal de la provincia ante el Juzgado de distrito Nº 16 en lo Civil, Comercial y Laboral de Firmat a cargo de Sylvia Pozzi, quien ayer fue instada a expedirse sobre el particular.
El escrito redactado por las doctoras Carina Sánchez Nadal y Graciela Gómez tiene por finalidad que la magistrada haga lugar a la medida cautelar hasta tanto resuelva como cuestión de fondo un recurso de amparo inspirado en el mismo propósito de prohibir la aplicación de agrotóxicos en cercanías de la ciudad.
Las profesionales confían en una resolución favorable y revelaron que los demandantes no contestaron los requerimientos de la Justicia en el marco de la cautelar desde que fueron iniciadas las actuaciones hace más de dos semanas.
A ello se suma una causa penal sustanciada en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales con sede en Capital Federal, cuyo trámite fue previo a las demandas interpuestas en los tribunales firmatenses.
Llamado desesperado. La denuncia surgió el 9 de septiembre luego de un llamado desesperado de Edgar Fontanellaz para intentar frenar una fumigación en un campo lindero a su casa firmatense de calle Jorge Newbery sin número. El hombre se comunicó con Graciela Gómez para relatarle el invasivo suceso en medio de la impotencia. Es que su esposa María Luisa ya había perdido, cuando cursaba dos mes y medio de embarazo, a uno de los gemelos que estaba gestando, aparentemente por razones vinculadas a la aplicación de plaguicidas, y no podía permitirse correr más riesgos.
La situación que derivó en las referidas acciones legales no sólo sacude a una familia, sino que instala aún más el debate sobre los presuntos efectos nocivos de los agroquímicos para la salud humana y la necesidad de avanzar en materia de legislación.
El caso Fontanellaz podría resultar emblemático, más aún cuando hay sospechas de que la muerte del bebé haya sido provocada por la influencia de agrotóxicos. Al menos, aunque no está corroborada, esa es la hipótesis más fuerte que maneja el obstetra Darío García, quien recomendó a su paciente y su familia mudarse de domicilio para evitar exponerse a los fumigaciones de agroquímicos.
María Luisa dará a luz al otro bebé en el Sanatorio Británico de Rosario entre mediados y fin de este mes, aunque sin la felicidad plena de tener a los dos gemelos con ella, su esposo y su hija Wanda, de 7 años, quien padece hipoacusia y recientemente fue trasplantada a raíz de su problema auditivo. Actualmente, la familia está viviendo en un casa de calle Mendoza al 600, aunque la nena extraña la vivienda propia, lo que, aunque está contenida, no deja de causar un impacto emocional.
Además de proteger la salud de Wanda, el médico recomendó el cambio de residencia al fundamentar que su paciente "con el antecedente del primer gemelar muerto y retenido intraútero y el segundo vital cursando las 33 semanas de gestación no debe exponerse a los agrotóxicos del aire ambiental que presenta en su domicilio para evitar riesgos potenciales de complicaciones en lo que respecta a su salud y de su feto vital actualmente intraútero".
Gómez asegura que "hubo escribanos y funcionarios que se negaron a acudir al reclamo de constatación de la última fumigación que denunció Fontanellaz en un campo lindero a su casa" y que "tampoco intervino la policía a pesar de ser solicitada su presencia".
La abogada, quien en su momento defendió a la familia de Julieta Sandoval, la menor santiagueña que murió por malformaciones causadas aparentemente por fumigaciones, también cuestionó el proceder del Concejo Municipal al recordar que "cuando pedimos una fotocopia de los anexos de la ordenanza y mapa que delimita la línea cero, nos respondieron que se extravió, aunque sospechamos que alguien robó la documentación, lo que amerita una causa administrativa y luego judicial".
Un problema instalado desde hace tiempo
Si bien el caso Fontanellaz potencia aún más la preocupación social que genera el uso de agroquímicos, el problema está instalado en Firmat desde hace tiempo merced fundamentalmente a una fuerte movida impulsada por vecinos autoconvocados.
Se trata del grupo Firmat por la Vida, del cual también forma parte Edgar Fontanellaz. antes de sufrir la desgracia de la pérdida del bebé. La organización, como publicó oportunamente LaCapital, exige a las autoridades el cumplimento de la normativa que regula la aplicación de agroquímicos y hasta hizo uso de la banca ciudadana, en el deliberativo local, para impulsar un proyecto de ordenanza superador a la ley vigente en la provincia que aún está en comisión.
Paralelamente, el órgano legislativo local evalúa una iniciativa similar presentada por el Ejecutivo aunque "con menos restricciones". El intendente Carlos Torres desmintió que la Municipalidad no cumpla con la legislación actual en la materia y sostuvo que "fuimos los primeros en poner el tema sobre la mesa al impulsar un proyecto de ordenanza que se está discutiendo y consensuando con técnicos y distintos sectores para darle un mejor ordenamiento al tema de los fitosanitarios".
Sin embargo, desde Firmat por la Vida aseguran que "no se respeta la norma y para comprobarlo alcanza con recorrer la ciudad y ver como los equipos circulan por distintas zonas sin ningún control y ni hablar de las aplicaciones que se hacen al lado de áreas pobladas". Torres insistió con que "las fumigaciones que están permitidas son controladas", y respecto al pedido para que cesen las aplicaciones a menos de mil metros del radio urbano sostuvo que "lo deberá resolver la Justicia".
En Firmat habría otros casos vinculados a problemas de salud presuntamente generados por agroquímicos que serían presentados ante la Justicia. Una vez extraído el feto muerto de la mujer embarazada serían analizados los restos placentarios para determinar las verdaderas causas del deceso.
Gómez se sorprendió por las manifestaciones del secretario municipal de Producción y Medio Ambiente, Miguel Garrofé, "quien sostuvo en medios locales que de aprobarse el proyecto de Firmat por la Vida habría que vetarlo, ya que en Firmat no va a pasar lo mismo que en Zavalla, donde se sancionó una norma que impide las fumigaciones terrestres a menos de 800 metros del casco urbano".
Fuente: Diario La Capital de Rosario
Foto: Edgar con su hija Wanda
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