By Marcelo Manzato On julio 4, 2015
Entrevista con la Dra. Graciela Vizcay Gómez, después del histórico fallo que suspende la liberación de transgénicos y agroquímicos asociados.
El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº3 de la Capital Federal, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, declaró admisible una demanda colectiva ambiental sin precedentes por sus implicancias sociales, políticas y económicas.
La demanda ordena al Poder Ejecutivo Nacional a suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como la comercialización de la soja RR 2 PRO / liberty, en violación de la ley de semillas vigente, como así también se disponga el “etiquetado” de los productos que los contengan. (Ver: Histórico fallo judicial que suspende la liberación de transgénicos y agroquímicos asociados)
FM Activa dialogó con la Dra. Graciela Cristina Vizcay Gómez (oriunda de la localidad de Romang), quién junto a los Dres. Jorge Mosset Iturraspe, Daniel Salaberry, Miguel Araya, Horacio Belosi y Santiago Kaplun, fueron los que presentaron la demanda colectiva. La misma sostiene que “se suspenda, también, la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural de los argentinos y, sobre todo, la sostenibilidad de dicho modelo de producción.
¿Qué significa este fallo?
El amparo fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012. La Corte entendió que no podía aceptarlo y lo rechazó. Entonces antes de que caiga el amparo se presentó un recurso y un hecho nuevo para poder sostenerlo y gracias a eso la Corte se expidió y lo envió a ese juzgado. El juzgado trató de sacárselo de encima dado los grandes intereses que esto conlleva y la gran presión que hay de las grandes multinacionales para con el gobierno. Pero finalmente se le dio lugar con el Ministerio Público dado que muchos de los afectados son niños y gracias eso el Ministerio Público se expidió y quedó firme. Después de mucha lucha, de muchos escritos, logramos este fallo que es histórico porque no existe un precedente similar. Acá no estamos hablando ni de 800 ni de 1000 metros, estamos hablando directamente de la suspensión de la resolución del año 96.
¿Quién hace o debería hacer el control para que el Estado cumpla con este fallo?
Lo tiene que hacer el Ministerio de Agricultura o el organismo que pertenece a ese ministerio que es el Senasa, pero no lo hace. La ley de defensa del consumidor, que preside la ANMAT y otras organizaciones del Estado tampoco se cumple. Acá para lo único que sirve esa ley (de defensa del consumidor) es por juicios o demandas por dinero por celulares o tarjetas de crédito, pero nadie se preocupa por lo que estamos consumiendo todos los días. En el amparo está pedido que el Poder Ejecutivo (Nacional) redacte una Ley de biodiversidad nueva, se está pidiendo un resarcimiento económico, que se constituya un fideicomiso con el Estado y la suspensión de la resolución del año 96 más la suspensión de toda aprobación, de ahora en más, de todos los productos pendientes y de los nuevos que están entrando.
¿El incumplimiento de este fallo judicial por parte del Estado no lo pone en rebeldía judicial o incumplimiento de los deberes de funcionario público?
El único antecedente es el fallo Mendoza y por cada día de demora y de incumplimiento del gobierno se cobra una multa y acá seguramente va a suceder lo mismo.
¿Y cómo sigue ahora?
La gente que defiende este veneno y práctica agrícola dicen o creen que esto recién empezó y que ahora vienen las apelaciones. Acá no se puede apelar nada, la cautelar ya está firme. Esto no lo empezamos ahora, lo empezamos en el 2012. No pueden apelar nada. Ahora tienen que cumplir. Este es el gran error que tiene esta gente y los grandes medios no lo publicaron. Salió en un blog ecológico del diario La Nación, pero ningún medio grande se hizo eco de esto, sin embargo, en el exterior, está publicado en todos los idiomas.
Esos medios tienen muchos intereses con las multinacionales y los sectores agropecuarios
Sí, pero esto es un amparo nuevo, una acción judicial nueva que no está regulada en nuestro país, esa es la importancia que tiene este juicio. Esto va a la raíz. No estamos hablando ni de cantidad de metros ni de leyes provinciales, sino la suspensión total de una Ley Nacional, de una resolución nula de nulidad absoluta desde el año 96 hasta la fecha.
Usted ha actuado en muchos casos por el tema de las fumigaciones y uso de agrotóxicos en la provincia de Santa Fe ¿Cuál es su visión de estas cuestiones en la provincia?
El tema principal es la Ley y también la falta de cumplimiento de la misma. Tenemos una Secretaría de Medio Ambiente que es estéril. Santa Fe es una de las peores provincias en lo que respecta al cumplimiento de la Ley de agrotóxicos. Se enojan cuando hablamos de agrotóxicos, y son agrotóxicos no son fitosanitarios y les guste o no todo el país, después de que se publiquen los edictos, deberá sumarse a esta causa que va a ser una gran causa.
Santa Fe hasta ahora, ninguno de los colectivos, han escrito o han publicado semejante amparo histórico, debe ser por el fallo San Jorge, que es el único fallo que está vigente en la provincia, y que no sirve para nada. Se han equivocado. Hay mucha gente afectada en Santa Fe, lo mismo en Santiago del Estero, en Entre Ríos y en el Chaco, así que esperamos que todos se sumen a este amparo una vez que se publiquen los edictos. No veo otra salida para Santa Fe, no hay antecedentes buenos en Santa Fe. En este momento el único antecedente es el fallo de Alberti porque se expidió la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, el resto de los fallos, incluido el de San Jorge y el de las madres de Ituzaingo (Córdoba) no sirven.
¿Todos estos fallos que usted está diciendo de distintas localidades y de distintas provincias quedan superados por este fallo que hablamos al principio?
Totalmente, porque no sirve ninguna Ley provincial. Si se suspende la resolución que permitió que el paquete tecnológico ingrese a la Argentina ilegalmente por una resolución firmada por Felipe Solá (cuando era ministro de Agricultura de Menem) se cae todo. Vamos a ver ahora los intereses porque ya están, las entidades del campo, a reunirse para reclamar y no es en vano. Esperamos que se cumpla y que no pase como el fallo Mendoza que pasan los años y se siguen cobrando multas.
Deben ser porque es más económico pagar las multas que cambiar el modelo productivo.
Lo que pasa, es que la gran diferencia es que nosotros tenemos que luchar por el daño que se le produce a la salud.-
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