Por qué Clarín y La Nación apoyan el uso de glifosato en la Argentina

Además las denuncias y persecuciones a médicos y especialistas.
Domingo 6 de marzo de 2011

Por Miguel Alfieri


El diario de Noble y Magnetto oculta los casos de cáncer y malformaciones y llegó a manipular informes científicos contra el uso del químico. La campaña del diario de Bartolomé Mitre para promoverlo y el verdadero rol de Expoagro.

Los informes de médicos y científicos independientes que sostienen que el glifosato está causando un verdadero desastre a nivel sanitario y ambiental se suman año tras año: el más conocido es el del doctor Andrés Carrasco, quien demostró que ese herbicida, utilizado en dosis mucho menores a las del campo, produce diversas malformaciones. Pero también existen otros, como los del médico Alejandro Oliva, que advierten sobre el crecimiento de casos de cáncer, posiblemente relacionados al uso intensivo de agroquímicos; y los del doctor Jorge Kaczewer, que también hablan de enfermedades neurológicas y problemas reproductivos.
Consultados por Tiempo Argentino, una amplia gama de ONG, especialistas, personas perjudicadas por las fumigaciones y una porción del arco político nacional denunciaron que la razón más evidente para explicar este fenómeno es el sensacional conglomerado de intereses que se encuadran tras el llamado “modelo sojero”, donde el glifosato es una sustancia clave y en el que aparecen en escena grandes multinacionales, medios de comunicación afines a estas empresas, políticos de diferentes extractos y altos funcionarios públicos, muchos de ellos relacionados entre sí (ver “Quiénes lo defienden”).
“Huergo arruinó el INTA. Sin ningún tipo de escrúpulos, transfirió el capital genético estratégico para el país a distintas multinacionales del agronegocio, como Monsanto y Nidera. También les permitió el acceso a los archivos secretos del organismo. Quienes estaban en desacuerdo, eran despedidos inmediatamente. Hoy, Huergo es el máximo defensor de la soja transgénica y el glifosato”, aseguró a Tiempo Argentino el ingeniero agrónomo e historiador, Alberto Lapolla, quien conoce bien al director de Clarín Rural: ambos fueron compañeros en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Los nexos entre el grupo comunicacional más poderoso del país y las corporaciones vinculadas al comercio de agroquímicos y transgénicos son explícitos y fáciles de identificar. Cada edición del suplemento Rural está plagada de publicidades de Monsanto, Syngenta, Nidera, Basf, Bayer, Don Mario, entre otras, que ponen buena parte de sus ingresos en las páginas del diario de la viuda de Noble (ver reproducciones).

Tal vez por eso, así como los elogios a las grandes corporaciones del agro se repiten en todas las ediciones del suplemento dirigido por Huergo, las denuncias vinculadas a los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana (realizadas por médicos, científicos y organizaciones ambientalistas del interior del país) no tienen lugar en Clarín. Esto es fácilmente constatable haciendo una búsqueda en el archivo web del diario. Ni siquiera aparecen los casos más conocidos, como el mencionado aumento de enfermedades en el Chaco; o las denuncias de vecinos de distintas localidades de Santa Fe, producto de intoxicaciones y enfermedades vinculadas al uso intensivo de agroquímicos.

La acérrima defensa de la soja y el glifosato que Clarín y La Nación hacen tiene una simple pero millonaria explicación: ambas empresas están asociadas en la organización de la feria anual Expoagro, donde se realizan cada año jugosos negocios vinculados a los productos transgénicos y a diferentes agroquímicos. En 2007, por ejemplo, la exposición arrojó ventas por un total de 140 millones de dólares.
Pero las responsabilidades y complicidades no recaen sólo sobre los medios de comunicación y las multinacionales, sino también sobre el Estado. Pese a que en nuestro país el uso de este agroquímico aumentó 200 veces en los últimos 18 años, su utilización todavía no cuenta con una legislación nacional uniforme que regule su aplicación, rigurosos controles estatales, ni estudios epidemiológicos serios.

Los especialistas aseguran que esta situación tendría su raíz en que el Estado recauda una importante cantidad de dinero a través de las retenciones que fija a los productores sojeros. Y coinciden en que los controles son precarios porque la ley también lo es. Consultada por este diario, Graciela Gómez, abogada y ambientalista santafesina, explicó: “La legislación, además de desarticulada, no es seria. Cada provincia legisla a su modo y lo mismo sucede en cada municipio. Así se da una fragmentación de responsabilidades y una inexistente coordinación entre todos los organismos, que no ayuda a ejercer un control adecuado. Esto hace más débil y confusa la eficacia de las normas.” Y agregó: “Es necesario sancionar con urgencia una norma sobre control y uso de agroquímicos a nivel nacional.”
Pero los pocos proyectos que se presentaron en el Congreso nunca se llegaron a tratar en recinto. La iniciativa de la diputada nacional Julia Perié, del Frente para la Victoria, que solicita “la prohibición total de la comercialización, uso, y aplicación del glifosato por su aguda toxicidad”, duerme en el Parlamento desde agosto de 2009: fue aprobado en comisión, pero jamás tratado en el recinto. (Leer nota completa )

Fuente: DIARIO TIEMPO ARGENTINO