Por Nicolás Poggi (@pogginico), acreditado de NOVA en Casa Rosada.
En un momento clave para la supervivencia de la alianza de los países de la región volcados a la centroizquierda, e: YPF selló un acuerdo para explotar Vaca Muerta en momentos en que el gobierno de Rafael Correa litiga contra la petrolera en la Justicia internacional. En el medio, el debate por la extracción de hidrocarburos, uno de los ejes del crecimiento del subcontinente.
Correa pasó esta semana por Buenos Aires para participar de un encuentro de scouts y las miradas estuvieron puestas en un eventual pronunciamiento respecto de la petrolera, contra la que inició la campaña internacional “La mano sucia de Chevron”. En Ecuador, un tribunal condenó a la multinacional a pagar US$ 19.000 millones por la contaminación del medio ambiente. Chevron compró Texaco en 2011, que explotó petróleo en el norte de la selva ecuatoriana durante 20 años.
“Confiamos totalmente en Cristina Fernández de Kirchner”, señaló Correa, sin embargo, ni bien llego al país. Y arriesgó que si Cristina “hubiera sido presidenta del Ecuador en la época en que Texaco destruyó la selva ecuatoriana, eso jamás lo hubiera permitido”. Con tono conciliador, aunque no exento de cierta ambigüedad, ratificó el “apoyo” de su gobierno a la Argentina y apuntó contra artículos periodísticos “bastante equivocados”.
Cristina mantuvo una reunión privada con Correa en la residencia de Olivos, pese a que el encuentro iba a desarrollarse en Balcarce 50. No trascendieron los temas de la conversación, y el ecuatoriano evitó referirse al tema durante su posterior participación en la XXV Conferencia de Scouts Interamericana.
El punto nodal radica, justamente, en la aparente contradicción que suscita asociarse con una petrolera multinacional combatida por un socio regional. En definitiva, uno de los tantos flancos débiles que ofrece el Gobierno tras más de un año de infructuosas búsquedas de inversión para YPF.
La petrolera norteamericana desembolsará U$S 1500 millones para explotar un área de 395 kilómetros cuadrados en el yacimiento de Vaca Muerta. Lo hará a través del método “fracking”, una técnica de inyección de agua en el terreno para ampliar las fracturas cuestionada en el mundo por su impacto ambiental. YPF aportará la concesión del área y ambas firmas compartirán costos de exploración, explotación y recursos tecnológicos y humanos. Recién a partir del quinto año la compañía norteamericana podrá exportar hasta el 20 por ciento de sus utilidades sin que las divisas reingresen al país.
La Legislatura de Neuquén aprobó el acuerdo sin que pudieran conocerse sus cláusulas secretas, con represión incluida a los manifestantes. “Las cláusulas no son secretas, son confidenciales”, se defendió el CEO de YPF, Miguel Galuccio.
Selva
“La contradicción salta a la vista”, dice el legislador porteño Pablo Bergel sobre las fricciones entre Argentina y Ecuador. “Sin embargo, deciden posponerlo o manejarlo diplomáticamente, por otros intereses que priorizan. Esa es otra discusión”, aclara ante la consulta de NOVA.
Bergel es un referente del ecologismo que ocupa una banca en la Legislatura porteña por Proyecto Sur. A la hora de analizar el acuerdo con Chevron, tilda de “inadmisible” que haya cláusulas secretas y asegura que Argentina “se comporta de modo insolidario” con la región. El conflicto suscitado en Ecuador, advierte, “es una aviso de lo que nos va a pasar” porque la petrolera norteamericana “va a hacer lo mismo acá”.
Un juez civil ecuatoriano embargó el flujo de caja de la compañía petrolera en Argentina y lo aplicó a las acciones e ingresos que reciba por la venta de petróleo hasta cubrir el total de la condena. Pero en junio pasado, luego de dos instancias a favor del reclamo ecuatoriano, la Corte Suprema falló en contra: sostuvo que Chevron Argentina constituye una persona jurídica distinta de Chevron Corp y que no intervino en el juicio en Ecuador.
La disputa está ahora en el Tribunal de La Haya, que rechazó el planteo ecuatoriano y cualquier demanda ambiental “colectiva” a Chevron. Sin embargo, el gobierno de Correa avanzará sobre los derechos “individuales” vulnerados de los demandantes, estimados en cinco nacionalidades indígenas, 80 comunidades y 30 mil personas.
“Chevron es una de las empresas con más experiencia y tecnología en explotación no convencional de hidrocarburos, con pésimos antecedentes”, evaluó Bergel ante este portal. “En Ecuador generó la desaparición de, por lo menos, dos etnias, y el desplazamiento de otras tantas, más la destrucción de 50 mil kilómetros cuadrados de la selva. Pero se profugó y el país no tuvo cómo actuar, por eso solicitó que donde hubiera asociados de esta empresa se confiscaran sus bienes, incluso en Argentina”.
Coincide la abogada ambientalista Graciela Gómez. “El Gobierno se queja de la Justicia y la Corte Suprema levanta el embargo contra Chevron, omitiendo el juzgamiento de un delito gravísimo, de lesa humanidad, como fue el exterminio de pueblos ancestrales como los Tetes y Sansahuaris, más el traslado forzoso de los Sionas, Secoyas y Cofanes”, enumeró a NOVA.
Referente del ambientalismo y partícipe habitual de conferencias en todo el mundo, Gómez apuntó que el “repudio” al acuerdo surgió rápidamente luego del dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el fallo de la Corte, que anuló las dos resoluciones previas.
“Los jueces señalaron que la decisión se tomó para no ‘producir agravios de carácter irreparable a intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico del país’ –subrayó la abogada-, pero priorizaron la renta antes que la vida, violando todos los principios de la política ambiental contemplados en la Ley 25.675”.
“Hay una campaña nacional para presentar el acuerdo como la recuperación del autoabastecimiento energético, pero no es así”, analizó, por su parte, Pablo Bergel, y aclaró que “si entramos en déficit energético fue por permitir el avance de las privatizadas, como Repsol”.
Cuestión de matriz
El ecodiputado manifiesta su posición contraria al modelo de matriz energética basado en la quema de hidrocarburos, al que identifica como el principal responsable del cambio climático, además de tratarse de un bien no renovable.
“Todos los cañones de dinero están orientados a estas fuentes, y muy pocos al desarrollo de una matriz renovable, limpia y desconcentrada”, analiza. Argentina es muy rica en ese recurso, sostiene el legislador, y ejemplifica con la energía eólica y solar; pero la inversión en esos sectores, sostiene, es muy “baja”.
El método de extracción a través del “fracking” está prohibido en muchos países de Europa y en varios estados de Estados Unidos. “Además del impacto ambiental, con contaminación y producción de sismos, genera desplazamiento de población y ocupación de territorios de pueblos originarios”, explicó el ecodiputado de Proyecto Sur.
Para Graciela Gómez, hay una “gran mentira” de la responsabilidad social corporativa cuando se pretende legitimar el “accionar mafioso” de las corporaciones. “Es un maquillaje al neoextrativismo, que dista mucho del "sumak kawsay" (buen vivir) de las constituciones ecuatoriana y bolivariana, algo que la Presidenta no comparte de sus amigos Correa y (Evo) Morales”, acusa.
La letrada apunta a la “lex mercatoria” plasmada en el contrato con Chevrón. “En caso de incumplimientos o disputas en el convenio, la ley aplicable es la de la ciudad de Nueva York, y la jurisdicción la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de Francia”, amplió.
Gómez indicó que la Supranational Environmental Justice Foundation (SEJF) y la Accademia di Scienze Ambientali (IAES), a cargo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, promueven la necesidad de un organismo donde puedan denunciarse estos delitos como de "lesa humanidad". El caso Chevrón, afirma, es uno entre los 12 presentados en la Conferencia de Venecia el 21 de junio pasado. Un punto que sin dudas merece una discusión profunda, que la región y el mundo todavía se deben.
FUENTE: NOVA ARGENTINA
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