17 de Septiembre de 2013
Por Dra Graciela Gomez
Por Dra Graciela Gomez
Más de 100 organizaciones y movimientos sociales representando a miles de trabajadores, campesinos, comunidades de base e indígenas dieron la bienvenida a la histórica petición realizada por nueve países y los grupos Africano y Árabe por obligaciones vinculantes para las corporaciones transnacionales.
Esta petición histórica liderada por el gobierno del Ecuador en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el ultimo viernes, 13 de septiembre, señala la ruptura en la confianza sobre mecanismos voluntarios que marcó el debate sobre la responsabilidad social corporativa y que facilitó la impunidad sistemática de las corporaciones. La petición, apoyada por el Grupo Africano, el Grupo Árabe, Pakistán, Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú, afirma que los “Principios Guía sobre Empresas y Derechos Humanos” del Consejo de Derechos Humanos de 2011, de naturaleza no vinculante, no tendrá ninguna consecuencia a menos que instrumentos legalmente vinculantes creen un marco para que los Estados regulen y sancionen las acciones ilegales de las Corporaciones Transnacionales.
Desde su lanzamiento en Junio de 2012, la Campaña para Desmantelar el Poder de las Corporaciones y Detener su Impunidad ha reunido a comunidades afectadas por violaciones de las corporaciones, a movimientos y organizaciones sociales, y a expertos en leyes para crear, de forma colectiva, un Tratado de los Pueblos que propondrá obligaciones vinculantes para las Empresas Transnacionales y creará un organismo internacional para juzgarlas y sancionarlas. Los mecanismos voluntarios existentes han fracasado en garantizar justicia a aquellos que sufren violaciones y crímenes cometidos por las empresas transnacionales. Un ejemplo de esto es el caso de los 1132 trabajadores (en su mayoría mujeres) muertos y los miles de heridos en el desastre del Rana Plaza en Bangladesh (en abril de 2013) y el caso de la masacre de 34 mineros en las minas de platino de Lonmin Plcs en Marikana, Sudáfrica en 2012: en ambos casos, los autores aún no han sido castigados y las corporaciones continúan operando con total impunidad.
“La iniciativa ecuatoriana es promisoria en el movimiento para desmantelar la arquitectura de la impunidad que protege a las corporaciones de ser juzgadas por sus crímenes”, afirmó Tony Clark del Polaris Institute de Canadá.
“No hay duda que las corporaciones transnacionales tienen la obligación de respetar la ley, y si no lo hacen, deben sufrir sanciones penales y civiles,” completó Lucia Ortiz Coordinadora del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.
Fuente: Stopcorporateimpunity.org
Esta petición histórica liderada por el gobierno del Ecuador en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el ultimo viernes, 13 de septiembre, señala la ruptura en la confianza sobre mecanismos voluntarios que marcó el debate sobre la responsabilidad social corporativa y que facilitó la impunidad sistemática de las corporaciones. La petición, apoyada por el Grupo Africano, el Grupo Árabe, Pakistán, Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú, afirma que los “Principios Guía sobre Empresas y Derechos Humanos” del Consejo de Derechos Humanos de 2011, de naturaleza no vinculante, no tendrá ninguna consecuencia a menos que instrumentos legalmente vinculantes creen un marco para que los Estados regulen y sancionen las acciones ilegales de las Corporaciones Transnacionales.
Desde su lanzamiento en Junio de 2012, la Campaña para Desmantelar el Poder de las Corporaciones y Detener su Impunidad ha reunido a comunidades afectadas por violaciones de las corporaciones, a movimientos y organizaciones sociales, y a expertos en leyes para crear, de forma colectiva, un Tratado de los Pueblos que propondrá obligaciones vinculantes para las Empresas Transnacionales y creará un organismo internacional para juzgarlas y sancionarlas. Los mecanismos voluntarios existentes han fracasado en garantizar justicia a aquellos que sufren violaciones y crímenes cometidos por las empresas transnacionales. Un ejemplo de esto es el caso de los 1132 trabajadores (en su mayoría mujeres) muertos y los miles de heridos en el desastre del Rana Plaza en Bangladesh (en abril de 2013) y el caso de la masacre de 34 mineros en las minas de platino de Lonmin Plcs en Marikana, Sudáfrica en 2012: en ambos casos, los autores aún no han sido castigados y las corporaciones continúan operando con total impunidad.
“La iniciativa ecuatoriana es promisoria en el movimiento para desmantelar la arquitectura de la impunidad que protege a las corporaciones de ser juzgadas por sus crímenes”, afirmó Tony Clark del Polaris Institute de Canadá.
“No hay duda que las corporaciones transnacionales tienen la obligación de respetar la ley, y si no lo hacen, deben sufrir sanciones penales y civiles,” completó Lucia Ortiz Coordinadora del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.
Fuente: Stopcorporateimpunity.org
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